EL DR. MARIO VIDES SIEMPRE APOYANDO AL DR. HECTOR NUILA EN SUS ESCRITOS, ESTE NADA MENOS IMPORTANTE, PRIVATIZACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD

[MARIO ROLANDO VIDES ALVARADO]

Perversidades Políticas y Económicas para la Imposición de la Privatización del Sistema de Salud de Guatemala

Dr. Héctor Alfredo Nuila Ericastilla

 Guatemala 27 de Noviembre de 2015.

 

 

 

1. I.                   Introducción.

 

El presente documento se elabora fundamentalmente  como un instrumento de denuncia de la voracidad extrema que sustenta al modelo económico neoliberal en Guatemala, el cual se expresa hoy dentro de otros en la serie de iniciativas perversas diseñadas y encaminadas a concretar la privatización de lo que queda del sistema de salud en el país.

 

Se suman a las motivaciones señaladas el objetivo de contribuir al desenmascaramiento de la intencionalidad de las clases dominantes nacionales y transnacionales que detentan el poder económico, político y el control social del país, para no solo seguirse sirviendo del Estado como instrumento al servicio del sostenimiento, imposición y reproducción de sus intereses y privilegios económicos, políticos y sociales, sino para apropiarse privadamente de la función pública con fines de lucro, tal y como se está dando alrededor del Sistema Nacional de Salud a cargo del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.

 

Sobre esa base los esfuerzos descriptivos, de análisis y de síntesis van encaminados a poner en evidencia la serie de maniobras montadas y en ejecución para la creación de las condiciones políticas necesarias para llevar a la población guatemalteca a tal grado de desesperación, para que de manera acrítica y autómata respalde plenamente los planes privatizadores que impulsan las clases dominantes, aprovechándose del colapso de los servicios de salud que se está dando principalmente en el tercer nivel de atención o sea la que se brinda en la red hospitalaria del país, el cual es el resultado de las estrategias propias de la gestión neoliberal implantada e impuesta con estas modalidades a partir de los años 80s del siglo pasado, situación que desde luego se oculta a la opinión pública en su totalidad, contando para el efecto con la complicidad mediática como uno de los componentes orgánicos de las clases dominantes.

 

Para el desarrollo y comprensión de la temática señalada, en el presente documento de manera sintética se identifican algunos antecedentes importantes como el historial del sistema de servicios de salud desde 1944 - 1968, el inicio de su destrucción como política de gobierno en 1970, el proceso del desmantelamiento del Estado a partir de las políticas de ajuste estructural impuestas por al Banco Mundial a partir de los años 80s, el proceso de fortalecimiento y desarrollo de la apropiación privada de la función pública a partir de la gestión gubernamental entre los años1996-2000 y otras iniciativas importantes. También se destaca la crisis del sistema de salud en donde entre otros factores la descomposición y el clientelismo político son una constante. Finalmente se plantea una salida a partir del cumplimiento de los acuerdos de paz y dentro de ellos los acuerdos sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria y el de Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad Democrática.

1. II.                Antecedentes.

 

1. A partir de 1821 el que hacer de la salud era responsabilidad de la cartera de gobernación y las autoridades policíacas, en 1945 fue creado por el gobierno del Dr. Juan José Arévalo  el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social dentro de las concepciones dicotómicas entre lo preventivo y lo curativo. En 1968 el gobierno de Julio Méndez Montenegro decreta e implementa la integración de los servicios de salud a partir de un concepto integrador, funcional y descentralizado, genera la creación de un sistema nacional de salud, el cual con su desarrollo y proyección a través de la definición y ejecución de las políticas de salud integral, creara las condiciones políticas, legales, técnicas y operacionales para la coordinación y articulación de esfuerzos entre el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y el ministerio del ramo dentro del contexto del desarrollo y desempeño de un Sistema Nacional de Salud. También en ese año se amplía el marco de acción de los servicios de salud del IGSS para así satisfacer la demanda de los afiliados a partir del programa de Enfermedad Común.

 

El proceso integrador tuvo como componentes esenciales el concepto de: salud integral, integración científica, técnica, profesional y operacional de los servicios de salud del país, los cuales funcionarían bajo la conducción técnica y política del MSP y AS, quien a través de la Dirección Nacional de Servicios de Salud (DGSS), dentro del marco de la política nacional de salud, a partir de los conceptos  de la centralización técnico normativa y la descentralización ejecutiva como norma general de trabajo, garantizaba a la estructura orgánica del sistema los grados de autonomías necesarias para la prestación de servicios dentro de un subsistema de referencia y contra referencia establecido en la regionalización de los servicios de salud, en donde las áreas y los distritos de salud eran el soporte integrador y ejecutor por niveles de atención de las políticas definidas en función de los planes y programas de salud que cada región definiera, para la satisfacción de las necesidades de atención en salud dentro del sistema, en correspondencia directa con el diagnóstico de salud elaborado a partir de perfil epidemiológico definido desde el nivel comunitario (puesto de salud como base del sistema). Lo que hoy se conoce como modelos de atención y gestión principalmente, de una manera u otra se encuentran incluidos en lo descrito.

 

El sistema para su funcionamiento y desarrollo generó entre otras iniciativas  la política de formación, capacitación y promoción de los recursos humanos en salud la cual sería ejecutada por las instituciones formadoras de recursos humanos en salud (equipos de salud) en los diferentes niveles académicos disponibles. De manera simultánea a este proceso en la USAC, la Facultad de Ciencias Médicas a partir del Acta de Reformas Globales en 1969 reformó el plan de estudios de la carrera de Médico y Cirujano, sobre la base de formar un recurso humano para la salud “ecológicamente orientado con capacidades para incidir en el proceso de salud y enfermedad dentro del entorno psico-bio-social”, ese modelo formativo de la carrera de medicina actualmente se encuentra absorbido por el mercantilismo neoliberal sustentado en el medico centrismo asistencialista para que este se desempeñe principalmente en el tercer nivel de atención (el hospitalario).

 

El embrionario sistema de salud fue desarticulado por el gobierno del General Carlos Arana (1970-1974). La derogatoria la justificó ese gobierno sobre la base que “era un plan comunista”. Además de la desarticulación como política ministerial se destruye todo el proceso integrador sustrayendo nuevamente a los hospitales nacionales del resto de la red de servicios, o sea que con una visión “medico centrista” los ubica dentro de la estructura orgánica bajo la conducción directa del ministro del ramo, quien controlaría todo lo referente a las compras y contrataciones de todos los insumos necesarios para el trabajo (se incluían los contratos de compra de alimentos de personas desde lo local) y sobre todo el manejo de los recursos humanos que prestarían sus servicios dentro de la red hospitalaria. Esta situación podría considerarse como uno de los puntos de partida del desarrollo que vive actualmente el sistema hospitalario del país.

 

La situación descrita da la pauta para que hoy en día a través de algunas iniciativas presentadas por ONG en el Congreso de la república se hayan aprobado leyes que regulan programas propios por algunas enfermedades en especial, casualmente todas generan su propia burocracia, se les asigna presupuesto y tienen dependencia directa del MSP y AS desde el nivel central. Este es uno de los extremos desintegradores que se siguen dando en la práctica cotidiana.

 

1. A finales de la década de los años 70 y a inicios de los 80 del siglo pasado bajo las presiones, directrices, e instrucciones principalmente del Banco Mundial, el neoliberalismo impone mundialmente las políticas de ajuste estructural, las cuales se centraban en la reducción significativa del poder político del Estado como rector del destino de los pueblos para luego transferir algunas de esas potestades al llamado “sector privado” quien absorbería en la práctica la conducción de la vida económica, política y social de cada país, dejándole al Estado las funciones policíacas, represivas y la prestación de algunos servicios como educación y salud entre otras.

 

El Estado guatemalteco con las limitaciones del caso había creado su propia capacidad instalada en materia de construcción y mantenimiento de la obra pública, el servicio telefónico, la generación, transporte, distribución de la energía eléctrica, a pesar de las adversidades que le impone la realidad guatemalteca la seguridad social llegó a tener grados considerables de crecimiento y desarrollo al igual que los servicios de salud del MSP y AS en términos generales. Parte de esta capacidad instalada le generaba ingresos al Estado, hecho que despertó la codicia del “sector privado” para el inicio del proceso apropiación privada de las funciones y propiedades del Estado.

 

1. El desmantelamiento del Estado se da a gran escala a partir de la gestión gubernamental 1996-2000 bajo la conducción del presidente Álvaro Arzú. El desmantelamiento deja como huella la pérdida de componentes estratégicos para el desarrollo y la seguridad del país como: el sistema telefónico, el sistema de las frecuencias radiales, televisivas, telefónicas y el uso de las frecuencias electrónicas, la capacidad rectora del INDE como garante de la independencia energética, por lo tanto uno de los pilares fundamentales del bienestar de la población y el desarrollo de la nación, se desarticula la capacidad instalada en materia de la obra pública y la seguridad alimentaria entre otras. Es de señalar que muchos de los activos del Estado que fueron privatizados, a pesar de la corrupción existente “si le reportaban ingresos a las arcas nacionales”, los cuales se destinaban como insumos al presupuesto nacional de gastos. El monto y destino de los fondos públicos provenientes de la venta de los activos nunca fueron informados a la población guatemalteca con transparencia, o sea que actualmente no se sabe para que sirvieron esos fondos y a donde fueron a parar.

 

Lo anteriormente señalado sirve como referencia para identificar el origen del colapso financiero del Estado, al cual se suman los privilegios fiscales y tributarios (algunos han considerado a Guatemala como paraíso fiscal) que el gran contribuyente tiene en Guatemala, el aprovechamiento y manejo de la deuda pública por la “iniciativa privada” por medio del control y uso monopólico de la deuda interna a partir del manejo absoluto y arbitrario del negocio implícito en los “bonos del tesoro”, la corrupción que da soporte a los sucios negocios que históricamente se han dado como los que salen a luz pública en la actualidad, a partir de la pugna inter empresarial para la apropiación de los recursos estatales da los saltos cualitativos que necesitan para llegar ilícitamente a los extremos  conocidos recientemente, situación que demuestra que hoy por hoy la “corrupción público-privada” es un hecho, con el agravamiento de que de manera permanente dan los saltos cualitativos necesarios para el perfeccionamiento de las condiciones políticas y de impunidad para su desarrollo y perpetuidad.

 

Dentro del mismo período de manera simultánea se institucionaliza y operativiza la política de las concesiones a las empresas privadas para garantizar su desempeño en la ejecución de la obra pública, el cobro y uso de los peajes, el manejo sin control de los fideicomisos principalmente a nivel municipal y a nivel privado tal y como sucede con la administración del fideicomiso que le da con exclusividad sustento financiero a los cafetaleros tradicionales.

 

El sistema de las concesiones no le proporciona todas las garantías al “sector privado”  que este necesita para el proyecto privatizador. Es por eso que en el año 2010 se aprueba la ley conocida como “la alianza público-privada”, ésta ley les permite usurpar  las funciones públicas del Estado al otorgárseles a las cámaras empresariales las potestades para la definición de las políticas públicas en materia de infraestructura económica, a partir de su participación en la instancias gubernamentales correspondientes.

 

Para este momento resulta interesante resaltar el hecho de que el actual Ministro de Salud Pública y Asistencia Social ha sido uno de los principales cuadros técnicos y políticos que han creado y acumulado su experiencia privatizadora a partir de su participación plena en los procesos descritos al menos desde el año 1996 hasta la fecha. 

 

Otro hecho importante a resaltar es que con lo descrito el incumplimiento y manipulación de los Acuerdos de Paz a partir del gobierno firmante (el de Álvaro Arzú) sea una constante, pues al cumplirse con los mismos se generarían condiciones políticas, económicas y sociales diferentes a las actuales, las cuales hubieran impedido que la situación actual se hubiera dado con la magnitud de los daños y los efectos nefastos que se reflejan en los altos grados de descomposición en el seno del Estado y la sociedad.

 

1. III.             La crisis del Sistema de Salud.

 

1. En otros documentos y otros espacios se ha señalado que la corrupción y la impunidad imperante como garantía plena para su ejecución, son en sí mismas una de las formas principales para el ejercicio del poder en favor de las clases dominantes, es decir que sus intereses y privilegios los garantiza el Estado a partir de las incondicionalidades compradas a: jefes militares, políticos civiles, intelectuales, académicos, profesionales, tecnócratas y otros, las cuales se han cobrado históricamente a partir de la corrupción ejecutada con plena impunidad consistente en la apropiación ilícita de los recursos y negocios del Estado en beneficio propio, así como de otras formas de enriquecimiento que el sistema les proporciona.

 

Sin embargo ésta modalidad de corrupción hoy juega otros papeles, o sea además de las incondicionalidades inherentes al ejercicio del poder y para los efectos  de los saltos cualitativos que para ellos forzosamente se tienen que dar en la imposición de sus intereses y privilegios, resulta que según las cúpulas empresariales, para “la  erradicación de la corrupción” es indispensable reforzar  a la inversión “decente” con incentivos como la exoneración de impuestos (ISR) por 10 años a las maquilas, los call centers, y otras empresas que venden servicios varios dentro de los procesos privatizadores en el seno del Estado, también para ellos es necesario precarizar el trabajo y el salario, abolir las leyes que protegen los derechos de la clase trabajadora, eliminar la figura jurídica del salario mínimo y los pactos colectivos aprovechándose para el efecto la sobredimensión de  las deficiencias y desviaciones que en la práctica se han dado sobre esta materia, así como las conquistas y prestaciones laborales que las y los trabajadores han conquistado a sangre y fuego a partir de sus luchas reivindicativas, de manera simultánea se niegan a aportar lo que les corresponde por sus ganancias a la contribución tributaria para el funcionamiento y desarrollo del sistema de justicia para citar un ejemplo.

 

También consideran como “inversión decente” a la privatización de los servicios públicos, como el presente caso el cual está focalizado en el sistema de salud aunque para el efecto se le niegue a la población “el derecho a la gratuidad de los servicios públicos de salud”garantizados en la legislación vigente. En ese sentido es de señalar que por muy deteriorado que esté el sistema hospitalario del país, por su capacidad instalada, su distribución geográfica y la demanda de servicios que potencialmente les corresponde siguen siendo instrumentos valiosos y codiciados para las iniciativas privatizadoras focalizadas principalmente a partir de: las empresas aseguradoras privadas que monopolizan el negocio de los seguros individuales y colectivos en materia de salud, así  como los planes expansionistas que desarrollan las distribuidoras de medicamentos, materiales y equipos, y sobre todo las empresas privadas que venden servicios auxiliares de diagnóstico y tratamientos y otras que venden servicios auxiliares como limpieza y mantenimiento para citar algunos.

 

1. Universalmente la salud es considerada como un derecho humano, por lo tanto el pleno goce de ese derecho es inherente a la naturaleza y la dignidad de la humanidad. En ese sentido el Estado es el garante pleno para que la población haga uso de ese derecho, creando para el efecto las condiciones económicas, políticas, sociales y culturales necesarias para que ese derecho sea una realidad, el acceso gratuito a los servicios públicos de salud es uno de los componentes esenciales que lo garantizan, ya sea a partir de la prestación de servicios dentro de la estrategia de atención primaria en salud como la promoción y protección específica de la salud, la recuperación de la salud perdida y rehabilitación de las secuelas que los daños a la salud le hayan ocasionado. Es por eso que la Organización Mundial de la Salud aun define a la salud como “El completo estado de bienestar físico, mental y social y no solo la ausencia de enfermedad”. Para el efecto del goce pleno a la salud es indispensable que la población en general tenga una “vida digna”. En síntesis la salud es un componente del desarrollo pleno e integral a nivel comunitario, regional y nacional.

 

La situación de salud que vive la población guatemalteca es la resultante de la coincidencia e interdependencia con la “sobre explotación del pueblo, la discriminación racista y la opresión cultural” lo que se traduce en las condiciones de vida conocidas como:  falta de trabajo y salario digno, ausencia plena de condiciones y garantías de trabajo, acceso a la tierra, déficit significativo de vivienda, inseguridad alimentaria,  la persistencia y reproducción de la desnutrición a partir de la primera infancia y la edad escolar principalmente, hecho que determina la inviabilidad de Guatemala como país, la alta incidencia y prevalencia de enfermedades prevenibles, las cuales al complicarse principalmente por falta de atención adecuada constituyen los indicadores más altos en américa latina y el mundo de enfermedad, discapacidad y muerte. Dentro de los indicadores adversos se destacan los que se focalizan en menores de cinco años y la mortalidad materna (complicaciones del embarazo, parto y puerperio).

 

Ante esta situación las clases dominantes a la par de emplearse a fondo para la imposición de sus derechos y privilegios, también lo hacen en otro sentido, o sea bloquean la aprobación de leyes de beneficio popular y por lo tanto nacional como la iniciativa de ley que considera al campesinado como sujeto de desarrollo y no como objeto de sobreexplotación, manipulación y extorción, se trata de la ley conocida como de “Desarrollo Rural Integral”, pues la consideran que contraviene lo que estas clases dominantes tienen establecidos para el desarrollo rural como: las obras de infraestructura, la generación, transporte, distribución y comercialización de la energía eléctrica, la exploración, explotación y exportación de minerales y petróleo, así como la expansión de la frontera agrícola para la producción de insumos a la fabricación de combustibles en los países desarrollados entre otros, esta ampliación además de los daños ambientales en su mayoría irreversibles, compite directamente con la disponibilidad de tierras para la producción nacional de alimentos, hecho que vulnera permanentemente la seguridad alimentaria.

 

1. Se ha identificado a las acciones tomadas por el gobierno del General Arana como el punto de partida de la crisis del sistema de salud guatemalteco, en la actualidad además de lo señalado la agudización de esta crisis tiene una relación directa con la quiebra económica del Estado y dentro de este la que le corresponde al sistema de salud a partir de las políticas neoliberales que han desfinanciado al Estado y por lo tanto le impiden el cumplimiento de garantizar para el caso de la salud que la población guatemalteca goce plenamente de ese derecho humano. Sin embargo para este Estado caracterizado en 1994 por la Asamblea de la Sociedad Civil como monoclasista, etnocéntrico, patriarcal, militarizado y represivo, los intereses, necesidades y derechos de la población salvo en el período de 1944 a 1954 (período revolucionario) no han sido los componentes esenciales de su agenda, contrastando esta situación con la correspondencia, obsecuencia y complicidad que históricamente el Estado guatemalteco ha mantenido con los intereses y privilegios de las clases dominantes.

 

1. En síntesis la crisis del sistema de salud tiene raíces estructurales, las cuales nacen en el seno del mismo Estado y dentro de las posiciones clasistas, racistas y excluyentes de las clases dominantes hacia la población en general, situación que se refleja de manera directa en el desprecio que estos tienen sobre la situación de salud de la población guatemalteca la cual se concreta a partir de los presupuestos estatales casi inexistentes para la salud (actualmente está asignado alrededor del 1% del PIB cuando lo indicado  como mínimo es el 6%), otro tanto sucede con la educación y otros componentes del bienestar y desarrollo del país.

 

A la situación descrita hay que agregarle que el sistema fiscal y tributario del país no le permite al Estado recaudar más del 9% del PIB anualmente, hecho que determina que los presupuestos para el bienestar siempre sean bajos en relación a los parámetros establecidos mundialmente como el financiamiento estatal de la salud de la población. Ante esta situación el actual ministro de salud de manera inhumana e irresponsable plantea y promueve con el apoyo mediático y con las posiciones de algunos grupos existentes en el gremio médico que se derogue la gratuidad de los servicios de salud prestados a la población, y que sea ésta la que cubra a partir de su situación de pobreza y pobreza extrema los costos de los mismos, o sea que pague con lo que no tiene las injusticias y deficiencias estructurales existentes en el país.

 

El acuerdo de paz sobre Aspectos Socio Económicos y Situación Agraria señala que para el año 2000 en Guatemala el estado debería tener como meta la captación en materia fiscal y tributaria del 12% del PIB, y que a partir de la reforma fiscal y tributaria bajo un régimen progresivo, gradualmente y con eficiencia y eficacia en la recaudación se deberían obtener los recursos para garantizar la sostenibilidad del Estado para que éste estuviera en capacidad de cumplir con el papel constitucional de ser el rector del bien común. También ese mismo acuerdo señala que como mínimo para el año 2000 el presupuesto que debería asignarse al ministerio de salud y asistencia social no debería ser menor al 5% del PIB.

 

1. En el contexto mundial los principales negocios jugosos y sucios de las grandes corporaciones monopólicas del capitalismo se concentran en “el mercado de armamentos y en el mercado de medicamentos”. En ese sentido es de señalar que la falta de medicamentos en los servicios públicos de salud tiene un componente perverso expresado en la intencionalidad de obligar a la población a que por necesidad los adquiera en el mercado de los mismos, sobre este aspecto se resaltan dos hechos, el primero es que en Guatemala con la legislación vigente aprobada en la gestión de Oscar Berger (2004-2008) inspirada en el libre mercado el precio de los medicamentos es de los más altos del mundo, especialmente los llamados “éticos o de marca” que de manera acrítica de manera masiva se recetan en los servicios de salud pública y la seguridad social, el segundo se centra en que ante la falta de medicamentos en los servicios públicos, del 100% del gasto en salud en general la población con la compra de medicamentos con receta o sin ella cubre el 77%.

 

A ésta situación hay que sumarle el hecho de que el MSAP y AS no ha elaborado una guía terapeútica nacional o su equivalente que sirva en los servicios públicos como punto de referencia para las indicaciones médicas, también sirva como soporte científico, técnico y operacional y contribuya a su vez a transparentar las compras y contrataciones que el Estado tenga que efectuar para mantener abastecidos los servicios a su cargo. Las guías terapeúticas no son instrumentos rígidos ni arbitrarios pues su elaboración se sustenta en el perfil epidemiológico del país el cual contiene: las características del comportamiento y composición de los daños en la salud, su incidencia y prevalencia o sea establecen la trascendencia y magnitud de los daños en la salud del país.

 

La eliminación en su momento de la guía terapeútica, a lo largo de los años facilita y ha favorecido la concreción de presiones de diversa naturaleza (dentro de las cuales prevalecen las prebendas) que sobre las autoridades de salud han ejercido las grandes distribuidoras de medicamentos que operan en el país, las autoridades y los otros niveles operacionales (técnicos y profesionales), dentro de los servicios de salud, quienes han cedido con sentido mercantilista han mostrado obsecuencia comercial con las distribuidoras mencionadas, este hecho les coloca como cómplices de la situación de corrupción imperante.

 

También hay que señalar que sustentados en los postulados de la economía de mercado en el sentido de que “el mercado no tiene ética” la manipulación y manoseo del mercado de medicamentos está a la orden del día, en donde una de las iniciativas manipuladoras se centra en la descalificación y satanización de las guías terapeúticas haciéndolas aparecer como los instrumentos que vulneran y bloquean el ejercicio científico, profesional y técnico  de la profesión médica, lamentablemente las formadoras de recursos humanos en la salud existentes en Guatemala se empeñan a fondo para que las y los profesionales de la salud que producen mantengan una actitud acrítica y complaciente ante lo que indique la propaganda que por diversos medios reparten las grandes las corporaciones que controlan el sucio negocio que para el caso se centra en los medicamentos.

 

1. El modelo económico guatemalteco a nivel privado solamente ha generado el 15% del total del trabajo asalariado dentro de las condiciones laborales mencionadas. El Estado no ha sido capaz de solucionar ese problema, en Guatemala alrededor del 66% de la población económicamente activa no tiene trabajo, fijo y digno, a este, conglomerado humano se le identifica oficialmente (en lo público y lo privado) como sector informal, en ese sentido está más que claro que la demanda de trabajo supera con creces a la oferta, es por eso que en una época el Estado hizo esfuerzos para paliar la situación, sin embrago a partir de las políticas de ajuste neoliberal de los años 80s el miso Estado se vio obligado a reducir su capacidad empleadora, y de manera obsecuente ante el sistema reduce significativamente los empleos fijos y con prestaciones según la legislatura vigente y que hasta ese momento se habían creado. Para subsanar la situación generan una serie de medidas arbitrarias como la movilidad laboral y la creación de modalidades de contratación (como el 029 y otros) que hoy son fuente de manipulación y corrupción. Con esta situación se destruye la carrera del servidor público.

 

La situación descrita a su vez genera procesos propios de descomposición en el seno del Estado y la sociedad creándose así las condiciones sociales y políticas para que en el seno del Estado se generen otros sucios negocios alrededor de las contrataciones laborales en donde se destacan como motivaciones y mecanismos: la venta de plazas, el clientelismo político y otras formas que hasta el momento no han trascendido en su ejecución.

 

La desarticulación de la carrera del servidor público determina la desaparición de los derechos de los trabajadores del Estado, por lo tanto las conquistas laborales adquiridas se van diluyendo con el tiempo dejando desamparados a los sobrevivientes de la situación. Ante este hecho como instrumento legal de protección laboral, las y los trabajadores del Estado utilizan como instrumento de lucha la concreción de los pactos colectivos, sin embargo el proceso de descomposición del Estado y la sociedad los envuelve en las situaciones ilícitas e ilegítimas conocidas, en ese sentido hay que dejar claro que no se debe ni se puede aceptar como válidas las deslegitimaciones y descalificaciones que el poder económico respaldado por los medios de prensa impulsan en contra de la figura del pacto colectivo con el objetivo de desarmar de instrumentos de lucha y de reafirmación de derechos laborales como lo son el pacto colectivo.

 

Para los efectos concretos del personal de los servicios de salud, se puede afirmar que con la imposición de las políticas de ajuste descritas, la política de recursos humanos en salud existente se destruye, este hecho incide directamente “salvo casos excepcionales”  en el deterioro generalizado, desgaste, ineficiencia, ineficacia, estancamiento intelectual, técnico y profesional, fomento y reproducción de la improvisación como modalidad y estilo del desempeño de estos recursos dentro del sistema, y sobre todo el hecho de que con facilidad se envuelvan en las dinámicas de corrupción ya conocidas en cada nivel de trabajo. Las consecuencias de esta situación deben ser evaluadas de manera científica en los niveles direccionales, intermedios y operacionales de la totalidad de los servicios.

 

1. Buscando una salida.

 

Afortunadamente en Guatemala si existen una diversidad de fórmulas para la salida de la situación, las cuales son el producto de procesos históricos, y de esfuerzos y aportes de las diferentes expresiones organizadas que han planteado salidas a la crisis actual, así como muchos esfuerzos individuales que se han presentado principalmente en algunos foros, y en algunas  columnas de prensa, las cuales pueden y deben aplicarse de manera combinada, sobre esa base los esfuerzos que se han tenido a la vista coinciden en que “hay que descartar las posiciones privatizadoras de los servicios de salud”, así como rechazar la imposición de la privatización de los servicios que las clases dominantes se empeñan en imponer.

 

Sobre esa premisa es necesario plantearse el hecho de que de manera urgente se implementes las medidas para solventar la crisis, la cual consiste en ejecutar todas aquellas iniciativas y medidas que estén diseñadas para la contención del daño con profundidad, o sea entrarle al rescate profundo al MSP Y AS como al IGSS y de manera simultánea desarrollar los procesos de reestructuración y recomposición de las instituciones mencionadas. En ese sentido habrá que encaminar los esfuerzos hacia lo siguiente:

 

1. Cancelar las deudas pendientes como resultado del abastecimiento de los servicios. Para los efectos de la cancelación de las deudas no descartar la posibilidad de recurrir al endeudamiento el cual no debe darse a expensas de la deuda interna, sino adquirir el préstamo en los bancos del sistema multilateral, de manera simultánea acelerar los procesos de contratos con organismos internacionales como la Organización Mundial de la salud para encontrar soluciones definitivas al problema de los medicamentos. De manera simultánea habrá que resolver las diferentes formas el pago de los compromisos con el personal de los servicios a quienes las arbitrariedades descritas han colocado en situaciones difíciles y sobre todo injustas.

 

1. Retomar de inmediato lo que el Acuerdo de Paz sobre Aspectos Socioeconómicos y situación Agraria establece, principalmente sobre las reformas al sector salud, en donde la creación de un sistema de salud coordinado y articulado entre el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, sobre la base de que este sistema en todo el país le dé a la población en general las garantías necesarias para que hago uso del derecho a la salud a partir principalmente de: un modelo de atención con sustento y pertinencia cultural, universal, integrado e integrador, participativo en todo el proceso de prestación de los servicios (gestión, prestación propiamente dicho, fiscalización y control poblacional en todos los niveles de acción y aplicación)  y sobre todo eficiente y eficaz, para que sobre la base de la estrategia de la Atención Primaria en Salud consiga impactar en la realidad de salud del país, y con esto logre revertir en el mediano y largo plazos los indicadores de salud negativos y nefastos que hoy se tienen.

 

Sobre esa base hay que resaltar que en el mes de Agosto del 2005 el Congreso de la República aprobó la Ley Marco de los Acuerdos de Paz, la cual entre otros aspectos señala y reconoce a los“Acuerdos de Paz como compromisos de Estado”, en ese sentido a partir de ese momento el Estado de Guatemala está comprometido a darle cumplimiento a todos los acuerdos contemplados en el “Acuerdo de Paz Firme y Duradera” firmado el 29 de Diciembre de 1996.

 

1. Sobre la base del mismo acuerdo de paz, se debe iniciar de inmediato el cumplimiento de la reforma fiscal y tributaria para garantizar la sostenibilidad y desarrollo del Estado, para que éste esté en capacidad de impulsar el cumplimiento de las nuevas metas del milenio que el Estado se comprometió a cumplir, las cuales al cumplirse crearían las condiciones necesarias para iniciar el proceso de desarrollo económico, social, político y cultural de la nación guatemalteca y no solo el crecimiento económico irracional e injusto en favor de las clases dominantes. Sobre la reforma fiscal y tributaria hay que retomar con las readecuaciones del caso, la calendarización establecida en el Acuerdo de Cronograma para el cumplimiento de los acuerdos de paz, así como otros instrumentos políticos,  y técnicos que sobre la materia existen.

 

1. De manera permanente el movimiento social y popular debe constituirse en el garante fiscalizador de las acciones del Estado principalmente en materia de salud y seguridad social, educación y sobre todo del impulso de un nuevo modelo de desarrollo socialmente consensuado.

 

 Guatemala 27 de Noviembre de 2015.